La Comunidad de Madrid está preparando un nuevo decreto para regular la convivencia en los centros educativos de la región. La principal novedad es que todas las personas que trabajen o vayan a diario a la escuela estarán obligados a informar si ven un caso de acoso.
Será necesario avisar al equipo directivo cuando se conozca una situación de "violencia infantil, juvenil o de género contra niños y niñas o mujeres". No hacerlo se considerará una falta grave, y podrá tener consecuencias como castigos sin recreo o expulsiones de clase de hasta cinco días.
La norma afectará a alumnos, profesores, limpiadores, conserjes, trabajadores del comedor y cualquier otro empleado. Se aplicará en colegios e institutos tanto públicos como concertados. Un centro educativo concertado es uno que pertenece a una empresa privada que lo gestiona, pero recibe dinero público de los impuestos.
El decreto también castigará difundir imágenes o informaciones personales de alumnos o profesores. Amenazar o intimidar a otros alumnos o profesores se considerará violencia. Hacerlo público a través de las redes sociales será un agravante.
La norma todavía está preparándose, pero se prevé que esté lista antes de marzo. La intención es luchar contra el acoso escolar, uno de los problemas más graves que sufre la educación en España.
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